Ley 21.389 crea el “Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos”

En Chile, 18 de noviembre, comenzó a funcionar el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, una plataforma que identifica a todos aquellos que adeudan al menos tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas. No cumplir con este compromiso es considerado un delito de violencia intrafamiliar. Y, además, figurar en este archivo es impedimento para hacer efectiva la retención de impuestos y la renovación de la licencia de conducir.

Según denunció el presidente Gabriel Boric, en su primer discurso ante la Nación, en el Congreso; de cada 10 deudores, nueve son hombres. “Esto es violencia”, dijo, y prometió una batería de medidas para revertir esta realidad. Esta Ley, es una de ellas.

En Chile, la pensión alimenticia debe pagarse hasta que los hijos cumplan 21 años y, si están estudiando o tienen una incapacidad física o mental, hasta los 28. Los montos fluctúan entre: el equivalente al 40% de un salario mínimo, cuando se trata de un solo hijo, 30%, si son más de uno y -el aporte máximo- no puede superar el 50% de los ingresos de quién paga la pensión.

Este Registro de Deudores, administrado por el Registro Civil, publica el nombre completo del infractor, su cédula de identidad (DNI), número de hijos y el monto de su deuda. Pueden acceder a esta información de manera remota y gratuita: el deudor, el demandante o su representante legal, los tribunales de familia y las entidades obligadas a consultar el registro (bancos, municipios, organismos estatales, etcétera). Es importante mencionar que el demandado cuenta con tres días para saldar la deuda u objetarla y evitar así aparecer en la nómina.

Otras de las consecuencias que tiene para el deudor el figurar en este registro:  El Estado podrá retenerle la devolución de impuestos, si pide un crédito bancario parte de este se usará para saldar su deuda y, de igual modo, si vende una propiedad o un vehículo. En el caso de que el deudor no tenga dinero, esta se pagará con los fondos de la cuenta de capitalización individual del denunciado (las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP).