La iniciativa apunta a mejorar la fiscalización a las
medidas cautelares y establecer un mecanismo de supervisión judicial para
garantizar su cumplimiento y pertinencia; fortalecerá el rol de representación
jurídica en casos de femicidios o suicidios femicidas.
Además, se considerará a los niños, niñas y adolescentes
como víctimas y no solo testigos de la violencia de género. También, se crea un
sistema de gestión integral de casos que posibilitará tener más información y
mejor articulación entre las distintas instituciones que trabajan en la
prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer.
Tras su votación, en el Senado, la norma fue despachada por
la Cámara de Diputadas y Diputados en su tercer trámite.
