La Fiscalía Nacional informó que se registra un aumento creciente de absoluciones por el delito de desacato vinculado a conflictos de familia, ya que desde 2006 a la fecha 304 imputados han sido absueltos. 
La jefa de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Violencia Intrafamiliar, María Cecilia Ramírez, indicó que se analizarán las sentencias.
Las cifras indican que el promedio alcanzá a ocho imputados absueltos al mes. Mientras que, de las causas por este delito, desde el año 2006 a la fecha; 972 fueron sobreseídas, 355 archivadas y 940 fueron sometidas a suspensión condicional del procedimiento.
“El estudio caso a caso reveló que las familias de bajo nivel socioeconómico, afectadas por el consumo problemático de alcohol y drogas, se ven enfrentadas a que no pueden cumplir con las medidas cautelares o de protección, o con las condiciones fijadas para la suspensión del procedimiento, por ejemplo prohibición de acercamiento al domicilio común, por las insuficiencias de la red asistencial actual”, dijo Ramírez.
Según la experta, los organismos no tienen la capacidad ni la especialidad necesaria para dar tratamiento a este tipo de imputados, forzando a las familias a caer en círculos viciosos.
“Algunas causas ni siquiera se inician en la fiscalía, sino que provienen de Tribunales de Familia, y que ingresan al sistema penal como desacato. Esto torna aún más difícil el escenario, porque los imputados son calificados como de ‘perfil complejo’, por tanto, se condiciona aún más el acceso. Lo peor es que muchas víctimas al denunciar ni siquiera buscan una sanción penal, sino un tratamiento o ayuda”, dijo María Cecilia Ramírez.
La jefa de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Violencia Intrafamiliar, María Cecilia Ramírez, indicó que se analizarán las sentencias.
Las cifras indican que el promedio alcanzá a ocho imputados absueltos al mes. Mientras que, de las causas por este delito, desde el año 2006 a la fecha; 972 fueron sobreseídas, 355 archivadas y 940 fueron sometidas a suspensión condicional del procedimiento.
“El estudio caso a caso reveló que las familias de bajo nivel socioeconómico, afectadas por el consumo problemático de alcohol y drogas, se ven enfrentadas a que no pueden cumplir con las medidas cautelares o de protección, o con las condiciones fijadas para la suspensión del procedimiento, por ejemplo prohibición de acercamiento al domicilio común, por las insuficiencias de la red asistencial actual”, dijo Ramírez.
Según la experta, los organismos no tienen la capacidad ni la especialidad necesaria para dar tratamiento a este tipo de imputados, forzando a las familias a caer en círculos viciosos.
“Algunas causas ni siquiera se inician en la fiscalía, sino que provienen de Tribunales de Familia, y que ingresan al sistema penal como desacato. Esto torna aún más difícil el escenario, porque los imputados son calificados como de ‘perfil complejo’, por tanto, se condiciona aún más el acceso. Lo peor es que muchas víctimas al denunciar ni siquiera buscan una sanción penal, sino un tratamiento o ayuda”, dijo María Cecilia Ramírez.
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