Palabras de Ángel Luis Campo, Juez de familia de Gijón, España; quien se encara al año con entre 600 y 700 casos de rupturas matrimoniales.
lnes.es (Diario Independiente de Asturias)El dramatismo que estas situaciones conllevan para quienes atraviesan por ellas se puede atenuar con procedimientos de mediación previos a la intervención judicial de los que este juez, con veinticinco años de carrera, casado, y con cuatro hijos, es un abierto defensor. Campo desafía la corrección política y sostiene que el maltrato doméstico, al menos en sus casos leves, no se resuelve estimulando la denuncia y condena, sino ahondando en los conflictos y trabajando desde la terapia familiar.
-En el ámbito del derecho de familia ¿las cosas han cambiado tan poco como parece?
-Han cambiado mucho. Pero hay dos bloques y hacen mucho más ruido los de una parte que los de otro. Ha cambiado en que, en teoría, hay una igualdad entre el hombre y la mujer que antes por ley no existía, los menores de siete años se quedaban con la madre por imposición legal. Ha evolucionado por la incorporación de la mujer al trabajo y a la inversa, aunque con menos intensidad, el marido asume tareas en casa.
-¿Por qué, entonces, los hombres se quejan de que ante los casos de separación se les discrimina con cobertura legal?
-Igual que la mujer sufre una discriminación en el ámbito laboral, en el derecho de la familia, quitando lo que se llama violencia o maltrato, ha habido siempre una discriminación en contra del hombre, siempre ha llevado la peor parte. Habría que introducir lo que tan en boga está ahora, la discriminación positiva, con la que yo no estoy de acuerdo porque no deja de ser una discriminación y como tal crea injusticias. Hay que resolverlo fomentando la igualdad de otra manera. Y se puede hacer.
- ¿A qué dos bloques enfrentados se refiere?
-Se está volviendo a la guerra de sexos y ahora se trata de proteger a una parte de la pareja por el simple hecho de ser mujer. En asuntos de familia no hay que hablar de hombre y mujer, sino de progenitores y de hijos, tenemos que abordar estos asuntos sin poner sexo o género. Hay una parte empeñada en proteger en exceso a la mujer en estas situaciones y, dejando a un lado el maltrato, no hay derecho a eso cuando se trata de que ambas partes estén en condiciones de igualdad. Pero todas las reformas legislativa están encaminada a crear más desigualdad en lugar de corregir esa discriminación que existe desde hace tanto tiempo.
-¿A qué responde esa tendencia? ¿Es una cuestión ideológica?
-Hay muchos intereses y no veo justificación. Una de las limitaciones que siempre tuvo la mujer para incorporarse al mundo laboral fue su peso en la organización de la vida familiar. Si se quiere romper con eso hay que conseguir que el hombre asuma un papel más activo en la familia y en el cuidado de los hijos. Si no se avanza en esa línea quizá sea porque hay parcelas que una parte de la sociedad no quiere soltar. A uno de mis hijos que está haciendo cursos y trabajos le han dicho expresamente que lo que había era que instaurar el feminismo para acabar con el machismo. Eso me da pena porque es cambiar un mal por otro. En lugar de reparar los muchos errores cometidos por los hombres se trata de reproducir esos mismos errores pero con otro sexo.
-¿A qué atribuye la resistencia política a desarrollar la custodia compartida de los hijos en caso de separación?
-La guardia y custodia compartida se está tratando de regular, pero se plantea desde la perspectiva de los adultos y no desde el punto de vista de los derechos de los menores. Es una cuestión de quién tiene más derechos sobre el niño y se trata, como Salomón, de repartir el niño en dos y a ver quién paga menos. Eso no es así. Los niños tienen sus tiempos para el ocio, el estudio y estar con la familia. Si los psicólogos te dicen que para un buen desarrollo los niños tienen que tener la figura de referencia del padre y la madre, ¿por qué les vamos a privar de uno de ellos cuando no hay razón? Ver a uno de los progenitores cada quince días no es tener un padre o una madre, sino un conocido. La custodia compartida implica que estén con cada uno de los progenitores y sus familias extensas el tiempo necesario para que todos puedan ejercer sus papeles. ¿Eso implica pagar menos? No. Los gastos de los niños se supone que son los mismos con los padres juntos que separados. Lo que se trata es de que ambos progenitores asuman la gestión y cobertura de ese gasto. Ahora lo que hay es que uno paga y el otro gestiona.
-¿Hay una patrimonialización de los hijos?
-Continuamente vemos casos en los que opera la regla de que a la hora de pagar, los hijos son de los dos, pero cuando hablamos de derechos los hijos son sólo de uno. Dependiendo del momento son «mis hijos» o «nuestros hijos». Tenemos unas leyes que implican muchos derechos y beneficios económicos para quien tiene consigo al hijo, lo que genera toda la problemática de estos procesos. Hay que conseguir separar, como se está haciendo en Aragón y Cataluña, las medidas personales de las económicas. Por ejemplo, respecto a la vivienda: los niños no tienen que tener derecho a una vivienda concreta, sino a un lugar para vivir digno y adecuado. Pero tendrá que ser el que se pueda en virtud de las nuevas circunstancias que vive esa familia. Este estado de cosas no se cambia porque es quitar una esfera de poder a un sector de los que se enfrentan en estas situaciones de crisis.
-Al sector femenino, supongo.
-Al sector femenino pero por las estadísticas, no por otras razones. Venimos de una situación en la que hombre trabajaba y la mujer se quedaba en casa, lo que suponía que en el 99 por ciento de los casos de separación los hijos quedaban con la madre, que era quien continuaba en la casa. Pero eso respondía a un momento determinado y a unas circunstancias que han cambiado. Pues cambiémoslo todo, no sólo lo que nos interesa, mientras que para lo que nos perjudica mantenemos los criterios de los años sesenta.
-Usted lo que propone es que el juzgado sea la última instancia.
-En este proyecto que desarrollamos, amparados por el Consejo del Poder Judicial, distinguimos cinco fases. Ante una crisis, primero los miembros de la pareja lo intentan solucionar por su cuenta. Si no lo consiguen, la segunda fase es acudir a los abogados, que ejerciendo su trabajo asesoran y negocian. Si tienen éxito conseguimos un convenio de mutuo acuerdo y todo perfecto. Pero si los abogados no alcanzan un acuerdo entramos en la tercera fase, en la que intervienen los mediadores y, con otras técnicas distintas de las que utilizan los abogados, mantienen abierto el diálogo entre las partes y buscan el mejor arreglo. La cuarta sería el intento de acuerdo que hacemos los jueces antes de iniciar los juicios. Con la fuerza que nos da el que, en última instancia, somos los que decidimos, las partes se sienten un poco más forzadas a llegar a esos acuerdos. Si todo eso fracasa, entramos en la última fase que es el juicio puro y duro. El problema de resolverlo todo con una resolución judicial estriba en que las sentencias se ponen en base a una información limitada y parcial. Los acuerdos que se logran en la mediación o por el pacto entre las partes son más sólidos porque parten de una mejor información. Y además se cumple más fácil algo que yo acuerdo que algo que me imponen.
-¿Qué porcentaje de casos de su Juzgado se resuelven de mutuo acuerdo?
-Casi un 60 por ciento, un porcentaje alto. De los restantes, un 20 por ciento llega a acuerdos una vez que interviene el juez y el resto son sentencias contenciosas. Antes no se daban esos porcentajes de acuerdo, pero la cultura del diálogo se va imponiendo. Aquí no se discute sobre propiedades, sino sobre situaciones familiares que van cambiando a lo largo del tiempo y que requieren soluciones flexibles.
-¿La parte económica es la que mayores problemas genera?
-Suele resultar difícil determinar cuánto necesitan los hijos. Cuando los mediadores les ponen a los padres un papel en blanco para que cifren la cuantía de las necesidades de su hijo, ambas partes suelen coincidir. Cuando vienen al Juzgado, las diferencias son bestiales, de hablar uno de 200 euros y el otro de 1.200. Esas diferencias son las que generan el conflicto.
-¿Qué hace falta para que prospere la mediación?
-Necesitaríamos mucho más apoyo de la Administración. Estamos esperando desde hace dos años por un reglamento que cree un órgano encargado de gestionar la mediación y desarrolle este procedimiento. Además hay que informar a los distintos profesionales para que dejen de verlo como una amenaza.
-¿Existe relación entre las tensiones que genera un proceso de ruptura y el maltrato de género?
-Considero que sí aunque no he visto estudios. Según las estadísticas, al menos los hechos graves no se derivan de un proceso de ruptura mal llevado. Sin embargo, muchas de las infracciones más leves, como amenazas o coacciones, sí, porque la tensión que genera la crisis se ha agravado en lugar de calmarla con una buena solución. Muchos de esos asuntos se evitarían si se trabajara más el proceso civil de ruptura de pareja y en reeducar las habilidades parentales de ambos progenitores. Ante estos casos, me pregunto si lo que quiere quien denuncia es meter a la otra parte en la cárcel o hablar con un profesional que resuelva esa situación. Lo que sí vemos muchas veces son casos de personas condenadas en los que los dos miembros de la pareja quieren rehacer la vida en común y no pueden por una orden de alejamiento. Las penas, por principio, tienen que tener una función de rehabilitación y reinserción.
-¿A qué son atribuibles esas situaciones?
-No se ha graduado suficientemente la llamada violencia de género y las medidas que se adoptan frente a ella. Muchos defendemos que la mediación familiar en supuestos leves de violencia obtiene resultados, hay terapias que funcionan. Es un problema de educación y lo que tenemos es que hacer hincapié en los pasos previos al castigo o la condena.
-Sin embargo, la propuesta más reciente del Gobierno consiste en la retirada inmediata de la custodia en casos de violencia de género.
-Poner castigos de forma automática y no permitir al juez adoptar medidas es algo que genera situaciones injustas. Hay casos de maltrato leve en los que no interviene para nada el niño y que conforme a la nueva ley constituyen hechos delictivos. Pero eso no significa que se esté ejerciendo mal la patria potestad o que no se pueda ejercer la guardia y custodia. Privar de eso de forma automática no es el camino, aunque la mía sea una voz aislada.
-¿Aislada por un exceso de corrección política?
-Tengo muchas dudas respecto a que en la sociedad actual se puedan decir las cosas que no son políticamente correctas. Constatamos que el hecho de aumentar las denuncias y agravar las penas no consigue que disminuya el maltrato. Es necesario buscar otro camino. Cuando hay tantas denuncias que posteriormente se retiran quizá sea porque quien denuncia no quiere que la otra parte vaya a la cárcel, sino solucionar un problema. Hay que poner oficinas de atención a la familia, terapeutas y profesionales, y trabajar desde ahí. Si eso no funciona siempre nos quedará la vía penal, pero tiene que tener un carácter residual, hay que acudir a ella como último remedio.
-En el ámbito del derecho de familia ¿las cosas han cambiado tan poco como parece?
-Han cambiado mucho. Pero hay dos bloques y hacen mucho más ruido los de una parte que los de otro. Ha cambiado en que, en teoría, hay una igualdad entre el hombre y la mujer que antes por ley no existía, los menores de siete años se quedaban con la madre por imposición legal. Ha evolucionado por la incorporación de la mujer al trabajo y a la inversa, aunque con menos intensidad, el marido asume tareas en casa.
-¿Por qué, entonces, los hombres se quejan de que ante los casos de separación se les discrimina con cobertura legal?
-Igual que la mujer sufre una discriminación en el ámbito laboral, en el derecho de la familia, quitando lo que se llama violencia o maltrato, ha habido siempre una discriminación en contra del hombre, siempre ha llevado la peor parte. Habría que introducir lo que tan en boga está ahora, la discriminación positiva, con la que yo no estoy de acuerdo porque no deja de ser una discriminación y como tal crea injusticias. Hay que resolverlo fomentando la igualdad de otra manera. Y se puede hacer.
- ¿A qué dos bloques enfrentados se refiere?
-Se está volviendo a la guerra de sexos y ahora se trata de proteger a una parte de la pareja por el simple hecho de ser mujer. En asuntos de familia no hay que hablar de hombre y mujer, sino de progenitores y de hijos, tenemos que abordar estos asuntos sin poner sexo o género. Hay una parte empeñada en proteger en exceso a la mujer en estas situaciones y, dejando a un lado el maltrato, no hay derecho a eso cuando se trata de que ambas partes estén en condiciones de igualdad. Pero todas las reformas legislativa están encaminada a crear más desigualdad en lugar de corregir esa discriminación que existe desde hace tanto tiempo.
-¿A qué responde esa tendencia? ¿Es una cuestión ideológica?
-Hay muchos intereses y no veo justificación. Una de las limitaciones que siempre tuvo la mujer para incorporarse al mundo laboral fue su peso en la organización de la vida familiar. Si se quiere romper con eso hay que conseguir que el hombre asuma un papel más activo en la familia y en el cuidado de los hijos. Si no se avanza en esa línea quizá sea porque hay parcelas que una parte de la sociedad no quiere soltar. A uno de mis hijos que está haciendo cursos y trabajos le han dicho expresamente que lo que había era que instaurar el feminismo para acabar con el machismo. Eso me da pena porque es cambiar un mal por otro. En lugar de reparar los muchos errores cometidos por los hombres se trata de reproducir esos mismos errores pero con otro sexo.
-¿A qué atribuye la resistencia política a desarrollar la custodia compartida de los hijos en caso de separación?
-La guardia y custodia compartida se está tratando de regular, pero se plantea desde la perspectiva de los adultos y no desde el punto de vista de los derechos de los menores. Es una cuestión de quién tiene más derechos sobre el niño y se trata, como Salomón, de repartir el niño en dos y a ver quién paga menos. Eso no es así. Los niños tienen sus tiempos para el ocio, el estudio y estar con la familia. Si los psicólogos te dicen que para un buen desarrollo los niños tienen que tener la figura de referencia del padre y la madre, ¿por qué les vamos a privar de uno de ellos cuando no hay razón? Ver a uno de los progenitores cada quince días no es tener un padre o una madre, sino un conocido. La custodia compartida implica que estén con cada uno de los progenitores y sus familias extensas el tiempo necesario para que todos puedan ejercer sus papeles. ¿Eso implica pagar menos? No. Los gastos de los niños se supone que son los mismos con los padres juntos que separados. Lo que se trata es de que ambos progenitores asuman la gestión y cobertura de ese gasto. Ahora lo que hay es que uno paga y el otro gestiona.
-¿Hay una patrimonialización de los hijos?
-Continuamente vemos casos en los que opera la regla de que a la hora de pagar, los hijos son de los dos, pero cuando hablamos de derechos los hijos son sólo de uno. Dependiendo del momento son «mis hijos» o «nuestros hijos». Tenemos unas leyes que implican muchos derechos y beneficios económicos para quien tiene consigo al hijo, lo que genera toda la problemática de estos procesos. Hay que conseguir separar, como se está haciendo en Aragón y Cataluña, las medidas personales de las económicas. Por ejemplo, respecto a la vivienda: los niños no tienen que tener derecho a una vivienda concreta, sino a un lugar para vivir digno y adecuado. Pero tendrá que ser el que se pueda en virtud de las nuevas circunstancias que vive esa familia. Este estado de cosas no se cambia porque es quitar una esfera de poder a un sector de los que se enfrentan en estas situaciones de crisis.
-Al sector femenino, supongo.
-Al sector femenino pero por las estadísticas, no por otras razones. Venimos de una situación en la que hombre trabajaba y la mujer se quedaba en casa, lo que suponía que en el 99 por ciento de los casos de separación los hijos quedaban con la madre, que era quien continuaba en la casa. Pero eso respondía a un momento determinado y a unas circunstancias que han cambiado. Pues cambiémoslo todo, no sólo lo que nos interesa, mientras que para lo que nos perjudica mantenemos los criterios de los años sesenta.
-Usted lo que propone es que el juzgado sea la última instancia.
-En este proyecto que desarrollamos, amparados por el Consejo del Poder Judicial, distinguimos cinco fases. Ante una crisis, primero los miembros de la pareja lo intentan solucionar por su cuenta. Si no lo consiguen, la segunda fase es acudir a los abogados, que ejerciendo su trabajo asesoran y negocian. Si tienen éxito conseguimos un convenio de mutuo acuerdo y todo perfecto. Pero si los abogados no alcanzan un acuerdo entramos en la tercera fase, en la que intervienen los mediadores y, con otras técnicas distintas de las que utilizan los abogados, mantienen abierto el diálogo entre las partes y buscan el mejor arreglo. La cuarta sería el intento de acuerdo que hacemos los jueces antes de iniciar los juicios. Con la fuerza que nos da el que, en última instancia, somos los que decidimos, las partes se sienten un poco más forzadas a llegar a esos acuerdos. Si todo eso fracasa, entramos en la última fase que es el juicio puro y duro. El problema de resolverlo todo con una resolución judicial estriba en que las sentencias se ponen en base a una información limitada y parcial. Los acuerdos que se logran en la mediación o por el pacto entre las partes son más sólidos porque parten de una mejor información. Y además se cumple más fácil algo que yo acuerdo que algo que me imponen.
-¿Qué porcentaje de casos de su Juzgado se resuelven de mutuo acuerdo?
-Casi un 60 por ciento, un porcentaje alto. De los restantes, un 20 por ciento llega a acuerdos una vez que interviene el juez y el resto son sentencias contenciosas. Antes no se daban esos porcentajes de acuerdo, pero la cultura del diálogo se va imponiendo. Aquí no se discute sobre propiedades, sino sobre situaciones familiares que van cambiando a lo largo del tiempo y que requieren soluciones flexibles.
-¿La parte económica es la que mayores problemas genera?
-Suele resultar difícil determinar cuánto necesitan los hijos. Cuando los mediadores les ponen a los padres un papel en blanco para que cifren la cuantía de las necesidades de su hijo, ambas partes suelen coincidir. Cuando vienen al Juzgado, las diferencias son bestiales, de hablar uno de 200 euros y el otro de 1.200. Esas diferencias son las que generan el conflicto.
-¿Qué hace falta para que prospere la mediación?
-Necesitaríamos mucho más apoyo de la Administración. Estamos esperando desde hace dos años por un reglamento que cree un órgano encargado de gestionar la mediación y desarrolle este procedimiento. Además hay que informar a los distintos profesionales para que dejen de verlo como una amenaza.
-¿Existe relación entre las tensiones que genera un proceso de ruptura y el maltrato de género?
-Considero que sí aunque no he visto estudios. Según las estadísticas, al menos los hechos graves no se derivan de un proceso de ruptura mal llevado. Sin embargo, muchas de las infracciones más leves, como amenazas o coacciones, sí, porque la tensión que genera la crisis se ha agravado en lugar de calmarla con una buena solución. Muchos de esos asuntos se evitarían si se trabajara más el proceso civil de ruptura de pareja y en reeducar las habilidades parentales de ambos progenitores. Ante estos casos, me pregunto si lo que quiere quien denuncia es meter a la otra parte en la cárcel o hablar con un profesional que resuelva esa situación. Lo que sí vemos muchas veces son casos de personas condenadas en los que los dos miembros de la pareja quieren rehacer la vida en común y no pueden por una orden de alejamiento. Las penas, por principio, tienen que tener una función de rehabilitación y reinserción.
-¿A qué son atribuibles esas situaciones?
-No se ha graduado suficientemente la llamada violencia de género y las medidas que se adoptan frente a ella. Muchos defendemos que la mediación familiar en supuestos leves de violencia obtiene resultados, hay terapias que funcionan. Es un problema de educación y lo que tenemos es que hacer hincapié en los pasos previos al castigo o la condena.
-Sin embargo, la propuesta más reciente del Gobierno consiste en la retirada inmediata de la custodia en casos de violencia de género.
-Poner castigos de forma automática y no permitir al juez adoptar medidas es algo que genera situaciones injustas. Hay casos de maltrato leve en los que no interviene para nada el niño y que conforme a la nueva ley constituyen hechos delictivos. Pero eso no significa que se esté ejerciendo mal la patria potestad o que no se pueda ejercer la guardia y custodia. Privar de eso de forma automática no es el camino, aunque la mía sea una voz aislada.
-¿Aislada por un exceso de corrección política?
-Tengo muchas dudas respecto a que en la sociedad actual se puedan decir las cosas que no son políticamente correctas. Constatamos que el hecho de aumentar las denuncias y agravar las penas no consigue que disminuya el maltrato. Es necesario buscar otro camino. Cuando hay tantas denuncias que posteriormente se retiran quizá sea porque quien denuncia no quiere que la otra parte vaya a la cárcel, sino solucionar un problema. Hay que poner oficinas de atención a la familia, terapeutas y profesionales, y trabajar desde ahí. Si eso no funciona siempre nos quedará la vía penal, pero tiene que tener un carácter residual, hay que acudir a ella como último remedio.
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